CARACAS — El viernes 30 de enero de 2026, Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, anunció la intención de impulsar una ley de amnistía general dirigida a personas detenidas por motivos políticos desde 1999 hasta la actualidad, abarcando prácticamente todo el periodo del chavismo en el poder.
El anuncio se realizó durante la apertura del año judicial en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Caracas, donde Rodríguez declaró que la iniciativa busca “favorecer la convivencia” entre los venezolanos y “reencauzar la justicia en el país”, a la vez que instó a evitar la venganza y la violencia.
La propuesta, que debe ser discutida y aprobada por la Asamblea Nacional, contempla la eliminación de cargos por delitos políticos y la posible liberación de un número aún no precisado de detenidos. Sin embargo, la amnistía excluye explícitamente a personas condenadas por homicidio, narcotráfico, violaciones graves de derechos humanos y delitos comunes.
La iniciativa se presenta en un contexto de tensiones internas y presión social. Desde principios de enero, tras la captura del expresidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses —un evento que ha transformado radicalmente el escenario político venezolano— el gobierno interino ha ejecutado liberaciones parciales de presos considerados políticos. Organizaciones de derechos humanos, como Foro Penal, estiman que cientos de personas siguen detenidas por motivos políticos incluso después de estas excarcelaciones.
Además de la amnistía, Rodríguez anunció la reconversión del infame Helicoide, un centro de detención históricamente asociado con abusos y torturas, en un espacio dedicado a servicios sociales y deportivos, una medida con un fuerte valor simbólico que busca distanciar al actual gobierno de prácticas represivas del pasado reciente.
Pese a la retórica oficial sobre la justicia y la reconciliación, el anuncio ha generado escepticismo entre activistas de derechos humanos y sectores de la sociedad civil, que señalan preocupaciones sobre la transparencia del proceso y la falta de una lista pública de beneficiarios. A ello se suma la incertidumbre sobre si las libertades concedidas serán plenas o vendrán acompañadas de restricciones legales o judiciales.
Por otra parte, críticos subrayan que una amnistía, si bien puede significar un paso hacia la liberación de muchos detenidos injustamente, también podría funcionar como una herramienta política destinada a consolidar apoyos o a suavizar la imagen del liderazgo actual en medio de una crisis institucional profunda.
En un país marcado por décadas de polarización, represión y crisis institucional, la propuesta de amnistía de Rodríguez plantea un debate crucial: ¿puede una ley de gracia ser verdaderamente reparadora sin mecanismos claros de verdad, justicia y reparación? Este será, sin duda, uno de los grandes desafíos para la política venezolana en los próximos meses.
Foto: La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, pronuncia su primer discurso sobre el estado de la nación en la Asamblea Nacional en Caracas, Venezuela, el 15 de enero de 2026. (Foto AP/Ariana Cubillos) - Israel Noticias