El plan de la represa de Casupá, una de las obras hídricas más controvertidas de las últimas décadas en Uruguay, está a punto de entrar en una nueva y decisiva etapa: las expropiaciones de tierras comenzarán “en las próximas semanas”. A pesar de la resistencia vecinal, las dudas ambientales y las críticas políticas, el proyecto avanza sin que hasta ahora haya logrado frenarse o replantearse de fondo.
Según fuentes periodísticas, Obras Sanitarias del Estado (OSE) confirmó que el proceso de expropiación de padrones en la zona de Casupá (departamento de Florida) se iniciará en breve, como paso previo para la construcción de la represa que busca asegurar el suministro de agua potable al área metropolitana.
Este hecho marca un hito: una obra que ha sido criticada desde distintos sectores sociales y políticos —por su impacto ambiental, social y económico— sigue adelante pese a las protestas y a que no se ha logrado frenar el proyecto. La construcción de la represa, que según el gobierno empezaría formalmente en 2027, se presenta para las autoridades como una solución estratégica e imprescindible; para una parte de la ciudadanía, es una intervención profundamente conflictiva que amenaza formas de vida y entornos rurales.
Expropiaciones: una realidad inminente
Las expropiaciones —el paso concreto en el que el Estado adquiere los terrenos necesarios para edificar la represa— se convertirán en un nuevo foco de tensión. Para muchos vecinos y productores rurales, la medida no solo representa una pérdida material, sino una alteración definitiva del tejido productivo y social de la región.
Vecinos de Casupá ya han expresado públicamente que temen perder tierra, trabajos y modos de vida, y que aún no se han resuelto de manera satisfactoria todas las inquietudes ligadas a cómo se manejarán las consecuencias de la obra.
Un proyecto sin freno a pesar de las críticas
La represa de Casupá ha sido objeto de debates intensos en el país. Organizaciones sociales y movimientos como Un Solo Uruguay han denunciado que la obra implica deforestación masiva, impacto ambiental irreversible e incluso un “destierro indirecto” para los habitantes de las zonas afectadas, al hacer inviable la continuidad de sus formas de vida tradicionales.
Asimismo, expertos y sectores críticos han cuestionado el enfoque centralista del proyecto y han pedido transparencia, alternativas reales y análisis que consideren tanto los beneficios esperados como los costos ambientales y sociales.
A nivel político también hubo discusiones sobre otros proyectos de abastecimiento hídrico (como Arazatí o Neptuno), lo que pone en evidencia que la decisión de avanzar con Casupá responde tanto a criterios técnicos como a decisiones de Estado que no lograron consenso amplio.
¿Qué se viene ahora?
Con las expropiaciones a la vuelta de la esquina, el foco se traslada al proceso jurídico, social y mediático que acompañará esta etapa. El Estado afirma que las obras son necesarias para garantizar agua potable a millones de personas en un contexto de variabilidad climática y sequías recurrentes, pero para muchos habitantes de las zonas rurales, esto significa cambios radicales en sus territorios sin que se hayan resuelto todas las incógnitas de fondo.
En las próximas semanas se verá si la tensión baja o se intensifica en Casupá, pero lo cierto es que el capítulo de las expropiaciones ya está por comenzar —y hasta ahora nada lo frena.